Accesibilidad negada: una denuncia sobre el transporte público porteño que excluye a miles de usuarios

A las siete de la mañana, Juan Bautista D'Angelo sale de su casa en Villa Urquiza para llegar a la facultad. Su trayecto debería ser simple: tomarse el 93 o el 168, o bajar en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B. Pero en la práctica, ese recorrido se convierte en una carrera de obstáculos que lo deja varado más veces de las que lo lleva a destino. En el 168, por ejemplo, la rampa falla en promedio 4 de cada 5 intentos, según los relevamientos que él mismo comenzó a registrar. Y cuando quiere optar por el subte, el ascensor de Rosas o el de Carlos Pellegrini suele estar fuera de servicio. Juan dice que "viaja cuando el sistema lo deja viajar". Y esa frase es, en sí misma, una denuncia.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una normativa sólida: la Ley Nacional 24.314 y la ley 447 establecen que todo transporte público debe ser accesible. Sin embargo, los datos oficiales y los monitoreos de organizaciones civiles revelan otra realidad. La Defensoría del Pueblo mostró en 2023 que el 64% de las rampas de colectivos de CABA no funciona, y que solo 51 de las 90 estaciones de la red de subtes tienen ascensores operativos. Cuando fallan, suelen quedar inactivos por semanas, especialmente en las líneas B y C, dos de las más usadas por estudiantes y trabajadores.

Esta investigación reconstruye una denuncia que atraviesa tres dimensiones: los usuarios que no pueden viajar, el incumplimiento de la normativa por parte de empresas y organismos públicos, y el rol, casi solitario, de las organizaciones civiles que deben suplir el control estatal. La accesibilidad no es una "mejora deseable": es un derecho. Y hoy, en CABA, ese derecho está siendo vulnerado todos los días.

Una movilidad imposible: la experiencia de los usuarios

Para las personas con discapacidad, moverse por la ciudad implica un nivel de planificación que la mayoría de los porteños ni imagina. El simple hecho de tomar un colectivo se vuelve una apuesta: en líneas como la 60, 152, 68 o 39, las rampas están rotas, trabadas o inmovilizadas. En 2023, el Ente Regulador de Servicios Públicos registró más de 1.800 reclamos relacionados exclusivamente con fallas en rampas, y estimó que los mecanismos de ascenso en colectivos presentan fallas recurrentes en un 22% de los viajes.

El panorama en el subte tampoco es alentador. Estaciones clave como Facultad de Medicina, Callao, Carlos Pellegrini o José Hernández presentan cierres constantes de ascensores. En la Línea E, solo funcionan 3 ascensores en toda la traza, lo que obliga a muchos usuarios a hacer combinaciones largas e ineficientes, o directamente abandonar la idea de viajar. A esto se suma la falta de personal capacitado para asistir a usuarios en sillas de ruedas, lo que genera situaciones de riesgo, falta de independencia y, muchas veces, humillación.

Para Juan, esto no es estadística: es su vida diaria. "Me pasó de quedarme 40 minutos esperando que pase un colectivo con la rampa funcionando. Y cuando llegó, no la sabían usar", relata. Cada viaje se convierte en una incertidumbre que condiciona su autonomía, sus horarios y su posibilidad de estudiar o trabajar. Las barreras son tantas que muchos usuarios terminan dependiendo de terceros o directamente evitando el transporte.

Normativa que no se cumple: fallas estructurales y falta de control

Aunque la legislación es clara, el cumplimiento es mínimo. La Ley 24.314 ordena que todo el transporte público sea accesible, pero las empresas de colectivos, el Gobierno porteño y SBASE exhiben grandes déficits en la aplicación. La CNRT admitió que hay unidades circulando sin mantenimiento adecuado de rampas y que la capacitación del personal no está estandarizada. En algunos casos, los conductores ni siquiera conocen el mecanismo de apertura de la rampa, algo que deberían saber según la normativa.

En el subte, SBASE presentó planes de accesibilidad, pero la implementación es lenta e irregular. La Línea B es una de las más críticas: estaciones como Medrano, Uruguay o Carlos Pellegrini tienen ascensores fuera de servicio durante semanas. En la Línea C, Constitución, una de las estaciones con mayor flujo diario, sufre desperfectos frecuentes en sus ascensores, generando embudos y obligando a los usuarios con movilidad reducida a pedir asistencia para acceder por vías alternativas.

La falta de controles es un factor determinante. No existen fiscalizaciones periódicas que garanticen el funcionamiento de rampas o ascensores y las sanciones, cuando se aplican, no logran modificar la conducta de las empresas. La accesibilidad, que debería ser una prioridad del sistema, queda relegada a la buena voluntad de algunos actores o a la presión social.

El vacío estatal y el rol de las organizaciones civiles

Frente a este incumplimiento sistemático, el trabajo de las organizaciones civiles se volvió fundamental. ONG como Acceso Ya lleva años documentando las barreras del transporte público y presentando reclamos formales ante organismos estatales. A través de relevamientos, informes y denuncias, su labor expone una realidad que de otro modo quedaría invisibilizada.

En sus informes, la organización releva colectivos con rampas anuladas, ascensores sin mantenimiento, estaciones sin señalización accesible y paradas donde directamente no es posible ascender al vehículo. Según Acceso Ya, la falta de control estatal es el mayor obstáculo para avanzar: "Las leyes existen, pero no se aplican. Sin voluntad política, nada cambia", afirmó su coordinadora, María Josefina Macías.

A su vez, trabajadores del sector reconocen que muchas veces deben operar con infraestructura deficiente. Marcos Avalos, abogado especializado en accesibilidad, sostiene que "el problema no es técnico: es político. La Ciudad podría tener un sistema plenamente accesible, pero no hay un plan sostenido". Las ONG se ven obligadas a ocupar el lugar que deberían ocupar los organismos reguladores, acompañando a usuarios en sus reclamos y exponiendo irregularidades que el Estado no fiscaliza.